Estado de emergencia migratorio en Italia

El gobierno italiano, liderado por la ultraderecha, aplica medidas de excepción para hacer frente a la llegada de miles de migrantes

Italia ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante seis meses para hacer frente al aumento en la llegada de migrantes. El gobierno italiano, liderado por la ultraderecha, asegura que la entrada de personas en situación irregular está desbordando el sistema de acogida y que no hay recursos suficientes para atenderles.

En los últimos tres días, más de 3.000 personas han llegado a las costas del sur de Italia en embarcaciones muy precarias, después de arriesgar su vida cruzando el Mediterráneo. La Guardia Costera italiana rescató dos barcazas que llevaban a 800 y 400 personas a bordo. La mayoría proceden de países como Costa de Marfil, Guinea y Túnez, y muchos son menores de edad.

Desde el inicio de 2023, más de 31.000 personas han entrado en Italia de forma irregular, una cifra cuatro veces más alta que en el mismo período del año anterior, cuando habían llegado unas 8.000 personas. El gobierno italiano teme que este flujo migratorio se intensifique con la llegada del buen tiempo, que mejorará las condiciones climáticas para cruzar el mar.

El estado de emergencia es una medida política extraordinaria que se aplica para hacer frente a situaciones de catástrofe o desastre natural; también se aplicó en la mayoría de países durante la pandemia de coronavirus, por ejemplo, para imponer medidas extraordinarias como el confinamiento o las restricciones en la movilidad.

Este recurso permite aprobar leyes por decreto, sin tener que debatirlas en el parlamento con otros grupos políticos. Así, el gobierno italiano destinará 5 millones de euros del fondo de emergencias para reforzar las instalaciones y equipos que atienden a los migrantes. 

No obstante, las organizaciones humanitarias creen que el estado de emergencia servirá para acelerar las órdenes de expulsión y la repatriación de los migrantes, sin tener en cuenta su situación personal o los motivos por los que huyen de su país. De acuerdo con las leyes internacionales, las personas que escapan de la persecución y la violencia en sus países tienen derecho a solicitar asilo en otro país.

Políticas anti-migratorias en Italia

El vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, y el ministro de Protección Civil y Políticas Marina, Nello Musumeci, han defendido la necesidad de un estado de emergencia y han criticado la falta de apoyo de la Unión Europea (UE) a la hora de hacer frente a la crisis migratoria. 

Por proximidad geográfica, los países del sur de Europa como Italia, Grecia o España son los que reciben más migrantes desde el norte de África y Oriente Medio. En ese sentido, hace años que reclaman unas políticas comunitarias que se apliquen de forma conjunta en todos los países miembro de la UE (ya sea a través de aportaciones económicas, distribuyendo recursos o implantando un sistema de cuotas).

Aun así, las organizaciones humanitarias denuncian las políticas de rechazo y expulsión del actual gobierno de ultraderecha en Italia. Desde que ganó las elecciones en septiembre de 2022, la primera ministra Giorgia Meloni ha impuesto una línea dura contra la inmigración, prohibiendo la entrada de barcos de rescate operados por ONG en los puertos italianos, por ejemplo.

Las ONG consideran que los gobiernos europeos están violando los derechos humanos e incumpliendo su responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad en el mar y rescatar a las personas que están en peligro, tal como establecen las leyes marítimas. Por su parte, el gobierno italiano acusa a las ONG de fomentar la inmigración irregular al rescatar embarcaciones ilegales en medio del mar.

Lo cierto es que Europa no ha logrado ofrecer una acogida digna a las personas migrantes. Tras la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas intentaron entrar en la UE para solicitar asilo, en 2020 se firmó un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que establecía nuevas medidas para proteger a las personas migrantes y ayudar a los estados.

No obstante, el nuevo acuerdo ha fracasado por las disputas entre los países europeos, que se acusan mutuamente de eludir su responsabilidad. En 2021 se presentaron más de 630.000 solicitudes de asilo en países de la Unión Europea, según datos oficiales.

Traficantes de personas

Cada año, millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus países para encontrar una vida mejor. Algunas huyen de la guerra y la violencia, otras quieren dejar atrás la pobreza y garantizar un futuro a sus hijos. La desesperación es tan grande, que muchas acaban pagando los servicios de grupos criminales que controlan las rutas de inmigración irregular.

En Europa, estas redes de traficantes piden grandes cantidades de dinero para garantizar un lugar en alguna embarcación que cruce el Mediterráneo. No hay garantías de nada: la mayoría son barcazas que se llenan hasta la bandera y no ofrecen ningún tipo de seguridad más allá del chaleco salvavidas.

Los traficantes se establecen en puntos estratégicos de las rutas migratorias: en Libia, desde donde los migrantes del África Subsahariana intentan llegar a Italia; en las costas de Turquía, para llegar hasta Grecia; o en las costas de Marruecos, desde donde parten las embarcaciones y pateras hacia territorio español (península o las islas).

El viaje es peligroso y muchas embarcaciones acaban naufragando. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones calcula que, desde 2014, más de 26.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo, aunque la cifra real seguramente es mucho mayor.

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