Al menos 79 migrantes han muerto en el mar Jónico al hundirse una embarcación que trataba de trasladar a cientos de personas hasta Italia
El Mediterráneo vuelve a ser escenario de una nueva tragedia migratoria. El miércoles 14 de junio, un pesquero con cientos de personas a bordo se hundió al sur de la Península del Peloponeso (Grecia), en aguas del mar Jónico. Como consecuencia, al menos 79 migrantes han muerto y cientos siguen desaparecidos.
Los servicios de rescate siguen trabajando en la zona y han informado de que se ha puesto a salvo a al menos 106 personas. La mayoría de los rescatados son hombres mayores de edad procedentes de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina. De momento, la Guardia Costera griega no descarta que todavía pueda haber más desaparecidos.
El pesquero hundido zarpó desde las costas orientales de Libia con el objetivo de llegar a Italia. Algunas organizaciones internacionales estiman que la embarcación transportaba alrededor de 400 migrantes, mientras que otras entidades aseguran que la cifra alcanzaba las 750 personas.
No se trata del primer accidente ocurrido en el Mediterráneo esta última semana. El miércoles por la mañana, la Guardia Costera rescató a 80 personas migrantes en otro barco a la deriva al sur de Creta, mientras que el domingo fueron interceptadas otras 90 al sur de Peloponeso.
Esta travesía, que conecta países como Libia o Turquía con el sur de la Italia continental, es muy larga y peligrosa para este tipo de barcos, ya que cruza todo el Mediterráneo oriental y central. Desde hace varios años, las mafias del tráfico de personas utilizan esta ruta con embarcaciones grandes y sobrecargadas, sin ofrecer ningún tipo de seguridad.
Tras lo ocurrido, la misión griega del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha calificado el naufragio como una tragedia inconcebible. La organización ha denunciado que las muertes podrían haberse evitado si se hubieran establecido más rutas seguras en el Mediterráneo.
El Mediterráneo, la ruta más mortífera
La ruta migratoria a través del Mediterráneo es una de las rutas más utilizadas por los migrantes que buscan llegar a Europa desde diferentes partes de África y Oriente Medio. Su objetivo no es otro que buscar una vida mejor y abandonar los peligros y adversidades que muchas veces deben enfrentar en sus países de origen.
Estas personas, al no contar con la documentación requerida para poder entrar de forma legal en Europa, utilizan el mar para trasladarse. Los traficantes de personas se aprovechan de la desesperación de los migrantes y les cobran grandes cantidades de dinero para “facilitar” este viaje, ofreciéndoles la oportunidad de trasladarse en una embarcación.
El problema es que estas embarcaciones son precarias y suelen ir sobrecargadas de cientos de pasajeros. Además, no suelen cumplir las condiciones de seguridad necesarias, lo que puede suponer un riesgo para la supervivencia de todas las personas que van dentro del barco.
En los últimos años, las cifras de muertes en la ruta migratoria del Mediterráneo no han dejado de crecer. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) calcula que, desde 2014, más de 26.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo.
Sin embargo, no se puede saber con exactitud cuántas embarcaciones y personas se han hundido en el mar sin que quede ningún registro. Los datos recopilados por los organismos internacionales representan solo una estimación mínima de las vidas perdidas en estos trayectos migratorios.
Políticas migratorias restrictivas
El peligro del mar y las actividades ilegales de tráfico de personas se suman a otra problemática: las políticas migratorias restrictivas. En los últimos años muchos países europeos han puesto en marcha este tipo de medidas para controlar la llegada de migrantes a sus fronteras.
Uno de los países que está aplicando una mano dura contra la migración es Italia. En abril de este año, el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni decretó el estado de emergencia migratoria durante seis meses. Con esta norma, el gobierno tiene la capacidad de saltarse los trámites legales para agilizar la identificación y repatriación de migrantes.
Otros territorios como Polonia y Hungría también están aprobando medidas restrictivas, aplicando una severa política de devoluciones en caliente. Las ONG denuncian que estas medidas dificultan la llegada segura y legal de los migrantes, lo que podría estar empujando a muchos de ellos a recurrir a rutas peligrosas como las del Mediterráneo.
Hace una semana, la Unión Europea se reunió en Luxemburgo para debatir acerca de la creación de una política migratoria común. Los Veintisiete han establecido un reparto de 30.000 solicitantes de asilo que deberá reubicarse entre los países miembros. Asimismo, aquellos Estados que rechacen acoger tendrán que pagar 20.000 euros por cada migrante no admitido.
El objetivo es cerrar el Pacto sobre Migración y Asilo antes de las próximas elecciones europeas. Las organizaciones de derechos humanos llevan años anunciando la necesidad de establecer una política migratoria común, pues consideran que los gobiernos europeos no están garantizando la seguridadde miles de migrantes que cruzan el mar cada año.