Las protestas contra la corrupción política y la desigualdad en el reparto de la riqueza han provocado graves enfrentamientos
Kazajistán vive desde hace días un grave conflicto social y político, que ha acabado con violentos enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. Más de 3.000 personas han sido detenidas y ha habido más de un centenar de muertos.
La crisis empezó a principios de enero, cuando el gobierno anunció un aumento del precio del gas licuado, un combustible muy utilizado para los vehículos. Esta decisión fue muy impopular porque perjudicaba sobre todo a la clase media, cuya economía ya ha quedado muy afectada por la pandemia de covid.
Como consecuencia, se organizaron manifestaciones de protesta en varias ciudades hasta llegar a Almaty, la ciudad más grande del país y capital económica de Kazajistán. El gobierno, liderado por el presidente Kasim Jomart Tokayev, intentó rebajar la tensión volviendo a bajar los precios, pero ahora las protestas iban más allá de la cuestión económica.
Tokayev fue nombrado presidente en 2019, pero la mayoría lo considera un gobernante títere en manos de su predecesor: Nursultán Nazarbáyev, un rico hombre de negocios que gobernó el país durante casi 30 años (1990-2019) y cuya fortuna procede de los ingresos del petróleo.
Una parte de la población considera que se está haciendo un reparto desigual de la riqueza procedente de los recursos naturales de Kazajistán, que es un país con grandes reservas de carburantes como el petróleo o el gas natural. Por eso han salido a la calle para denunciar la corrupción y reclamar reformas políticas.
Sin embargo, el gobierno ha respondido reprimiendo las manifestaciones con violencia. Según el presidente Tokayev, las protestas están promovidas por gobiernos extranjeros que quieren desestabilizar la región y usurpar el poder de las instituciones. Por eso dio la orden de disparar a matar contra los manifestantes.
Tras más de 10 días de protestas y enfrentamientos, el presidente Tokayev ha asegurado que la situación ya está bajo control en una reunión de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una organización política y militar que reúne a seis países de la antigua Unión Soviética y que tiene su sede en Moscú (Rusia).
La influencia de Rusia
Kazajistán era una de las 15 antiguas repúblicas que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), una federación de países que existió entre 1922 y 1991. Estos países compartían una misma ideología comunista: el gobierno controlaba los medios de producción y los servicios. Las autoridades también ejercían un fuerte control sobre la población para evitar cualquier oposición o disidencia.
Entre todos los estados de la URSS, Rusia era el más grande y poderoso. Durante décadas impuso sus políticas e intereses al resto de repúblicas, para crear un bloque comunista que pudiera hacer frente al bloque capitalista liderado por Estados Unidos durante el período de la Guerra Fría.
La Unión Soviética llegó a su fin en 1991, cuando varias repúblicas declararon su independencia. Sin embargo, Rusia ha seguido ejerciendo su influencia sobre estos países. Con algunos mantiene relaciones de colaboración, como Kazajistán o Bielorrusia, mientras que otros están enfrentados con el gobierno ruso e intentan marcar distancias, como Ucrania o las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania).
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dado su apoyo a Tokayev y se ha mostrado contrario a cualquier tipo de revuelta popular, que cree que están alentadas por gobiernos extranjeros que quieren desestabilizar una región dominada por Rusia. Además, las tropas rusas se han desplegado durante días por el territorio de Kazajistán para reprimir las protestas.
En cualquier otro país, la entrada de tropas extranjeras se consideraría una invasión o una amenaza a la soberanía, pero en este caso es una muestra más del poder que Rusia todavía ejerce sobre algunas exrepúblicas soviéticas.
El conflicto kazajo afecta a las ‘bitcoins’
Además de provocar miles de detenidos, la crisis política y social de Kazajistán ha tenido otra consecuencia inesperada: la caída de precio de las criptomonedas.
Kazajistán es el segundo país del mundo donde se producen más criptomonedas, tan solo por detrás de Estados Unidos, y los cortes de electricidad e internet derivados de las protestas han impedido que los criptomineros puedan seguir trabajando para producir estas monedas digitales.
La criptominería o minería de criptomonedas es la actividad informática que permite crear y comercializar las criptomonedas. Programadores informáticos de diferentes países trabajan de forma colaborativa para encriptar el dinero virtual a través de códigos que utilizan la tecnología ‘blockchain’ o cadena de bloques.
Las monedas virtuales no están emitidas por ningún banco o institución económica reconocida, así que no existe ninguna entidad que lleve un registro de los clientes y las transacciones. Tan solo los criptomineros pueden llevar la cuentas.
El gobierno kazajo cortó las comunicaciones para evitar que los manifestantes pudieran comunicarse y organizar más protestas. Sin internet, los criptomineros que trabajan desde Kazajistán no han podido seguir escribiendo el código que registra las transacciones de criptomonedas.
El temor a que las criptomonedas fallen ha provocado que muchos inversores dejen de apostar por las monedas virtuales y, como consecuencia, su valor en bolsa ha disminuido. El pasado mes de noviembre, el bitcoin se cotizaba a 70.000 dólares la unidad, pero estos días ha bajado hasta los 43.000 dólares.