Aborto legal en Colombia

La Corte Constitucional aprueba una ley histórica que permitirá a las mujeres abortar hasta la semana 24 de gestación

Los jueces de la Corte Constitucional de Colombia, el tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la constitución, han decidido aprobar una nueva ley que permitirá a las mujeres interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas de gestación en todos los casos. En el fallo se registraron 5 votos a favor y 4 en contra.

Se trata de una decisión histórica en América Latina, donde la mayoría de países solo permiten abortar en caso de riesgo para la salud de la madre. Además, la nueva ley del aborto colombiana es una de las más progresistas del mundo, ya que amplía el límite de la intervención hasta los seis meses de embarazo (en la mayoría de países se permite abortar en torno a los tres meses).

Hasta ahora, abortar en Colombia era un delito recogido en el Código Penal y podía castigarse con hasta cuatro años y medio de cárcel. Desde 2006, las mujeres solo podían abortar por tres motivos: en caso de violación, malformación del feto o si la vida de la madre estaba en peligro.

Con la nueva ley, el delito de aborto sigue existiendo, pero solo si el embarazo se interrumpe después de las 24 semanas (con la excepción de los tres casos antes mencionados). 

Desde hace años, numerosas asociaciones feministas y de derechos humanos reclamaban poner fin a la criminalización del aborto en Colombia. En 2020, el movimiento Causa Justa presentó una demanda para que el delito de aborto fuera eliminado de la legislación.

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Este movimiento cuenta con un gran apoyo social, pero también tuvo que hacer frente a la oposición de organizaciones antiabortistas y políticos conservadores contrarios al aborto libre. La mayoría de estos colectivos tienen una base religiosa que influye en sus ideas.

La decisión de la Corte Constitucional también pide al gobierno colombiano que impulse nuevas políticas de salud pública para mejorar los derechos y la seguridad de las mujeres, por ejemplo: desarrollando programas de educación sexual y reproductiva, garantizando el acceso a métodos de prevención del embarazo y eliminando cualquier obstáculo para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

El aborto en América Latina

El movimiento por el derecho al aborto ha ganado fuerza en toda América Latina en los últimos años. Este movimiento se conoce como “marea verde”, porque sus defensores visten con ese color, y ha logrado cambiar la legislación en varios países.

Cuba fue un país pionero en la defensa de los derechos de la mujer: el aborto se despenalizó en 1961 y en 1965 se incluyó dentro del sistema de salud pública (hasta las 12 semanas). 

En la Guyana Francesa se aplica la misma legislación que en Francia, donde el aborto es legal en cualquier supuesto hasta las 12 semanas. El gobierno francés legalizó el aborto en 1975 y lo introdujo en el sistema de seguridad social en 1982.

En 2006, el gobierno de Guyana legalizó el aborto hasta la semana 8 de embarazo (hasta la semana 16 si la salud de la madre o el bebé están en peligro). Uruguay despenalizó el aborto en 2012 y permite abortar en las primeras 12 semanas de gestación. 

En diciembre de 2020, el Senado de Argentina aprobó la ley que legaliza el aborto y permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14, después de meses de protestas y movilizaciones en las calles.

Menos de un año después, en septiembre de 2021, la Suprema Corte de México votó a favor de despenalizar el aborto. Esta decisión afectaba solo a la legislación del estado de Coahuila y no implica que el aborto sea legal en todo México, pero sí que sienta un precedente judicial que podría cambiar las leyes en el resto del país.

En Chile, la marea verde impulsó un proyecto de reforma para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. La propuesta fue rechazada en el congreso en noviembre de 2021 porque no contaba con el apoyo del gobierno conservador; sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierdas, es posible que la medida acabe aprobándose en los próximos meses.

Aun así, todavía queda mucho camino por recorrer en un continente donde la religión y los valores cristianos siguen teniendo mucha influencia en la vida pública y la política. En Honduras y El Salvador, abortar está totalmente prohibido; en Guatemala, Venezuela, Paraguay y Perú solo está permitido cuando la vida de la mujer está en riesgo. En Ecuador, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el supuesto de violación para poder abortar hasta las 12 semanas (18 semanas en el caso de niñas y mujeres indígenas).

El debate sobre el aborto

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un procedimiento médico que se lleva a cabo para detener el embarazo. Se realiza cuando la mujer decide que no quiere o no está preparada para tener un hijo, o bien si el equipo médico considera que es necesario para proteger su salud.

Esta práctica genera un fuerte debate entre aquellos que consideran que debería prohibirse para proteger el embrión (hasta las ocho semanas) o el feto (más de dos meses), y los que creen que se debe priorizar el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo.

Los argumentos antiabortistas tienen una base religiosa, considerando que todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Los antiabortistas defienden que el embrión o feto es una vida humana y priorizan su derecho a nacer antes que la voluntad de la mujer.

Para el movimiento provida, solo estaría permitido abortar si el embarazo supusiera un riesgo de muerte para la madre, pero no en caso de malformación o enfermedad del futuro bebé, ni tampoco en caso de violación. 

En cambio, los partidarios del aborto libre (sin tener que alegar un motivo médico) defienden que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. Por eso es una de las principales reivindicaciones de la lucha feminista. Para los abortistas, durante las primeras semanas del embarazo el embrión o feto no está lo suficientemente desarrollado para considerarlo una persona. 

Las organizaciones abortistas señalan que también se trata de una cuestión de salud pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza, donde los abortos se realizan en la clandestinidad y sin garantías, poniendo la salud de las mujeres en peligro.

También es una forma de prevenir las consecuencias de los embarazos de menores, que tienen efectos sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes. Convertirse en madres a una edad tan temprana puede perjudicar su futuro porque muchas se ven obligadas a abandonar los estudios y eso las empuja a la pobreza.

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