Las autoridades nicaragüenses retiran la nacionalidad a más de 300 personas por sus críticas contra el gobierno de Daniel Ortega
El gobierno de Nicaragua ha decidido retirar la nacionalidad a más de 300 activistas, intelectuales y opositores políticos, acusados de conspirar contra los intereses del país. El ejecutivo ha contado con la colaboración de la Asamblea Nacional (el parlamento nicaragüense) y de las autoridades judiciales para reformar la Constitución y poder revocar este derecho.
Según un comunicado oficial, estas personas han sido condenadas por ir en contra de la independencia y la soberanía de Nicaragua, además de “incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica” del país. Por eso han sido declarados “traidores a la Patria” y han sido despojados de su ciudadanía, lo que significa que ahora son apátridas.
A principios de febrero, el gobierno de Nicaragua decidió liberar a 222 presos políticos que cumplían condena por criticar el régimen del presidente Daniel Ortega. Estos opositores fueron deportados a Estados Unidos, donde recibieron la noticia de que les habían retirado su nacionalidad.
Las autoridades también les han inhabilitado (no pueden presentarse a las elecciones ni ocupar ningún cargo público), además de expropiar sus propiedades en Nicaragua: desde casas y apartamentos hasta la propiedad de empresas y cuentas bancarias.
Daniel Ortega ocupa el poder en Nicaragua desde 2007, a pesar de las acusaciones de corrupción y represión política. Su gobierno ha reprimido con violencia todas las manifestaciones en contra de su gobierno, ha cerrado medios de comunicación críticos y ha encarcelado a la oposición. A finales de 2021, ganó las elecciones por un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude electoral. La mayoría de países de la comunidad internacional no reconocieron los resultados.
El gobierno de España ha ofrecido la nacionalidad española a los 222 presos liberados, además de a otros 94 ciudadanos nicaragüenses que también han sido declarados “traidores a la patria” (muchos ya vivían en el exilio, pero otros se han visto obligados a irse del país).
¿Qué significa ser apátrida?
Un apátrida es una persona que no tiene la nacionalidad de ningún país. Hay personas que nacen apátridas, por ejemplo: los hijos de personas desplazadas que nacen en campos de refugiados y que no están registrados de forma oficial en su país, pero tampoco en el país de acogida.
En cambio, otras personas se convierten en apátridas a lo largo de su vida. Por ejemplo, si el gobierno de su país les retira la nacionalidad por motivos ideológicos (como es el caso de los opositores nicaragüenses), o bien por discriminación religiosa, de origen étnico o incluso por cuestiones de género.
Los conflictos entre países también pueden derivar en una situación de apatridia. La aparición de nuevos Estados o la modificación de las fronteras en una guerra hace que las personas que viven en estas zonas queden a expensas de los nuevos gobiernos, que pueden negarse a concederles la nacionalidad.
En la actualidad hay más de 10 millones de personas en situación de apatridia en el mundo, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La pérdida de nacionalidad implica perder muchos otros derechos fundamentales: como ningún país reconoce a estas personas como ciudadanos propios, tampoco se les reconoce el derecho a acceder a una educación, conseguir un trabajo o tener una cuenta bancaria, por ejemplo.
Esta falta de derechos impide que puedan llevar una vida digna, con una educación, un empleo o una vivienda. En muchos casos, esta situación se traslada a sus hijos, que nacen en la misma situación de desamparo legal y pueden ser víctimas de la explotación o el tráfico de personas.
Apátridas en el siglo XXI
Retirar la nacionalidad es una condena muy antigua. El filósofo griego Sócrates, que fue condenado a muerte en el siglo IV a.C. por no respetar las leyes morales y religiosas de Atenas, podría haberse salvado si abandonaba la antigua ciudad-estado. Pero prefirió morir antes de vivir desterrado.
En la antigüedad, el destierro o exilio era un castigo habitual por parte de reyes y señores feudales, que de este modo retiraban su protección a los acusados. Incumplir el destierro podía castigarse con la pena de muerte.
En la actualidad, la apatridia afecta a comunidades enteras que son discriminadas por motivos étnicos o religiosos. Es el caso de la etnia rohingya, una minoría religiosa de Birmania que ha sido perseguida y acosada de forma sistemática por el gobierno hasta obligarles a huir del país.
Hoy hay más de 900.000 refugiados rohingya, la mayoría en campos de refugiados en Bangladesh, que han perdido su nacionalidad porque el gobierno birmano no los reconoce como ciudadanos (aunque viven en este país desde hace generaciones).
Otro caso grave de apatridia tiene lugar en República Dominicana, un país que comparte territorio con Haití (ambos se reparten la isla caribeña de La Española). Las autoridades discriminan a miles de personas que han nacido en República Dominicana pero que son descendientes de haitianos, motivo por el cual no se les concede la nacionalidad dominicana. Esta situación les impide acceder a servicios públicos y les obliga a vivir en la pobreza.
En cambio, en Nicaragua, la retirada de nacionalidad responde a motivaciones políticas e ideológicas. Entre los 94 opositores a los que se ha retirado la nacionalidad hay escritores, defensores de los derechos humanos, académicos, estudiantes y empresarios.