La última estatua de Franco

El gobierno de Melilla retira la última estatua del dictador Francisco Franco que quedaba en pie en España

La estatua del dictador Francisco Franco (1892-1975) en la entrada del puerto de Melilla ha sido retirada, después de que el gobierno de la ciudad autónoma votara a favor de quitarla de la vía pública.

La retirada de la estatua ha sido aprobada por 14 votos a favor (8 de Coalición por Melilla, 4 del PSOE, uno de Ciudadanos y uno de un diputado no adscrito), 10 abstenciones del Partido Popular y un voto en contra del partido de ultraderecha VOX, que consideraba que el monumento tenía un valor histórico para la ciudad.

Esta decisión tiene un gran simbolismo porque se trata de la última estatua del dictador español que quedaba en pie en la vía pública. El resto de estatuas con la imagen de Franco han sido retiradas de varias ciudades españolas en los últimos años, cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007.

Como comandante del ejército español, Franco participó en la defensa de Melilla durante la Guerra del Rif (1911-1927), una región montañosa al norte de Marruecos. En este conflicto, la población local se rebeló contra el gobierno colonialista de España y Francia, que habían ocupado esos territorios del norte de África. 

El gobierno de Melilla decidió erigir la estatua para rendir homenaje a Franco en 1978, tres años después de su muerte. En aquel momento, a pesar de la transición hacia la democracia, la herencia de la dictadura franquista todavía estaba muy presente en la vida social y política en España.

Tuvieron que pasar 30 años para que se aprobara la primera Ley de Memoria Histórica, que reconoce a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975). 

Una ley para reconocer a las víctimas

La Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el gobierno del PSOE, incluía medidas como la retirada de símbolos franquistas de las calles y las ayudas económicas a represaliados.

Aunque fue un primer paso para reconocer los crímenes y delitos del franquismo, esta ley fue muy criticada tanto por los partidos de derechas (reacios a condenar la dictadura) como por las formaciones y movimientos de izquierdas.

Por un lado, los más conservadores consideraban que la ley reabría viejas heridas e imponía el pensamiento del bando republicano, que perdió la guerra. En cambio, para los partidos de izquierdas y asociaciones de derechos humanos, la ley se quedaba corta en muchos aspectos: por ejemplo, declaraba “ilegítimos” los juicios del franquismo pero no los anulaba, mientras que el Estado prometía ayudar a localizar y reabrir fosas comunes pero no ofrecía financiación para ello.

Entre 2011 y 2018, durante el gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, la Ley de Memoria Histórica llegó a quedar anulada por la falta de fondos económicos, lo que impedía cumplir con las medidas.

Ahora, el nuevo gobierno del PSOE-Podemos se ha propuesto recuperar las políticas de memoria histórica. Entre las acciones llevadas a cabo están la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019 o la reclamación del Pazo de Meirás, que ha pasado de pertenecer a la familia Franco a ser un edificio público.

También está preparando una nueva Ley de Memoria Democrática para impulsar las medidas de la anterior ley.

Aun así, las asociaciones de familiares y ONG lamentan que el proceso de reconocimiento e indemnización a víctimas y represaliados esté tardando tanto. Desde la aprobación de la ley hasta la retirada de la última estatua franquista han pasado 14 años. 

Monumentos a dictadores

La retirada de estatuas de Franco es un ejemplo de cómo las sociedades evolucionan y los países deben gestionar la herencia histórica de los regímenes represivos.

En Alemania, por ejemplo, la ley prohíbe mostrar, producir y comercializar banderas, insignias, lemas y cualquier símbolo relacionado con el nazismo, un movimiento fascista liderado por Adolf Hitler durante la década de 1930 y 1940. Aun así, el uso de estos símbolos está permitido si es con fines pedagógicos o de investigación.

En Italia no existe una ley de memoria histórica ni tampoco hay estatuas en honor al dictador fascista Benito Mussolini. Sin embargo, su figura sigue muy presente en algunos monumentos y edificios construidos bajo su mandato, en los que todavía pueden leerse inscripciones sobre la grandeza del “Duce”.

Las estatuas de Vladímir Lenin y Josef Stalin (sobre todo del segundo) se han ido retirando de Rusia y otros países de Europa del Este que formaron parte de la Unión Soviética. Aun así, la momia de Lenin sigue descansando en su mausoleo de la plaza Roja de Moscú.

En ocasiones, las revoluciones sociales demandan cambios políticos y se escenifican con el derribo de estatuas de gobernantes que representan el pasado. Es lo que sucedió en Irak en 2003 con la estatua de Sadam Husein, cuando la población hizo caer la figura del dictador.

Más recientemente, a raíz de las protestas contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, varias figuras que simbolizaban la represión o el colonialismo han sufrido actos de vandalismo o han sido retiradas, como la estatua del conquistador Cristóbal Colón en San Francisco o la del comerciante de esclavos Edward Colston en Bristol (Reino Unido).

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