Tras años de negociaciones, los Veintisiete han aprobado la norma que endurece los requisitos de acogida y propone más control de fronteras
La Unión Europea tendrá nuevas reglas de migración y asilo. Después de más de tres años en los que la política migratoria había quedado estancada, los Veintisiete han aprobado el Pacto sobre Migración y Asilo, que regulará la entrada de personas procedentes de terceros países y la respuesta de los Estados a los migrantes que lleguen.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión llegaron a un acuerdo a finales del año pasado calificado como “histórico” por los líderes de la Unión Europea. El pacto se cerró a solo seis meses de las elecciones europeas. Ahora, con su aprobación, se pone fin a varios años de tensiones en los que los países no habían logrado ponerse de acuerdo.
Con el nuevo pacto, todos los migrantes irregulares que lleguen a las fronteras europeas serán sometidos a controles sanitarios, de identidad, de seguridad y de valoración de su vulnerabilidad, que durarán un máximo de siete días. El texto endurece las reglas para la concesión de asilo y las condiciones en las que las personas migrantes tendrán que esperar para saber si son acogidos o no.
Se introducen por primera vez las cuotas, que obligan a todos los Estados miembros a asumir una parte de los solicitantes de asilo. Sin embargo, los gobiernos podrán eludir esta cuota con el pago de 20.000 euros por cada persona rechazada. El texto final se ha ido endureciendo a lo largo de toda la negociación tras el avance de la extrema derecha.
El pacto ha sido duramente criticado por ONGs como Amnistía Internacional, que considera que este supone una absoluta restricción al derecho de asilo en Europa. Lejos de prevenir las continuas vulneraciones de derechos producidas en las fronteras europeas, el acuerdo perpetuará el sufrimiento de las personas migrantes, según la organización.
Las ONGs también temen que los siete días de controles se conviertan en detenciones prolongadas en las fronteras europeas. Save the Children denuncia que el pacto no protegerá a las personas, incluidas familias y niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa.
Un año de migrantes
El Pacto sobre Migración y Asilo se ha aprobado después de un año en el que se han registrado más entradas irregulares de personas en la Unión Europea que en cualquier otro momento desde 2015, cuando tuvo lugar la crisis de los refugiados. En los primeros 11 meses de 2023, más de 355.000 personas llegaron a las fronteras europeas, según datos de Frontex.
Los países que más personas reciben y, por tanto, mayor presión migratoria tienen, son los del Mediterráneo: Italia, Chipre, Malta, Grecia y España. Para hacernos una idea, en 2023 España ha superado las 51.000 llegadas irregulares en embarcaciones de migrantes por primera vez desde 2018.
Teniendo esto en cuenta, el nuevo pacto migratorio de la UE establece lo que se conoce como “solidaridad obligatoria”. Los Estados estarán obligados a acoger a un mínimo de personas con el objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año y así ayudar a los países que sufren un elevado número de llegadas.
Sin embargo, los Estados podrán negarse a recibir a estos migrantes a cambio de pagar 20.000 euros por cada traslado rechazado, lo que ha generado mucha controversia. Más de 50 organizaciones sin fines de lucro han avisado en una carta abierta de que el pacto migratorio permitirá a los países expulsar a los migrantes.
Leyes de inmigración
En los últimos años, la cuestión de la migración se ha utilizado políticamente en Europa, especialmente con el avance de partidos nacionalistas de extrema derecha. Estos han adoptado políticas y discursos antiinmigración con el objetivo de aumentar los temores y preocupaciones de la población en relación a la llegada de migrantes.
Más allá del acuerdo comunitario de asilo, los Estados miembros de la UE han aprobado sus propias leyes de inmigración. Es el caso de países como Italia, que ha endurecido sus leyes para limitar la llegada de personas y expulsar a los migrantes.
Desde que Giorgia Meloni ganó las elecciones en septiembre de 2022, el país ha impuesto una línea dura contra la inmigración: en noviembre de ese año, prohibió la entrada de barcos de rescate operados por ONG en puertos italianos.
En Francia, la nueva ley de inmigración impulsada por Emmanuel Macron fue aprobada con los votos de la derecha y la extrema derecha. Con el apoyo del partido de Marine Le Pen, el gobierno ha aprobado medidas más represivas como el endurecimiento del acceso de los extranjeros a las ayudas sociales.