El caso reaviva el debate sobre las desigualdades del sistema sanitario de Estados Unidos, donde es necesario pagar para recibir atención médica
Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare (una de las aseguradoras médicas más poderosas de Estados Unidos), fue asesinado a tiros el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Tras varios días de investigación, la policía ha detenido a Luigi Mangione como sospechoso principal del caso.
El crimen ha sido muy sonado en Estados Unidos, pero ha traspasado las fronteras del país: medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la noticia. El caso también ha reavivado el debate sobre las desigualdades del sistema sanitario estadounidense, en el que es necesario pagar una gran cantidad de dinero para recibir atención médica.
Mangione, de 26 años y egresado de la Universidad de Pensilvania, había sido muy crítico con el sistema de salud de Estados Unidos a través de sus redes sociales. Los investigadores creen que la motivación del crimen podría estar relacionada con su descontento hacia este modelo privado.
Durante la inspección de la escena del crimen, la policía encontró las palabras “negar, defender y deponer” escritas en los casquillos de las balas. Los investigadores creen que estos términos podrían hacer alusión a las tácticas que utilizan las aseguradoras médicas del país para evitar pagar los tratamientos a sus clientes.
¿Cómo funciona la sanidad en Estados Unidos?
En España, todos los ciudadanos tenemos acceso garantizado a la sanidad pública. Esto quiere decir que, cuando estamos enfermos, podemos ir al hospital sin preocuparnos del coste económico. Radiografías, análisis de sangre, operaciones, rehabilitación… Todos estos servicios están cubiertos por el Estado y son financiados a través de los impuestos.
Sin embargo, esto no funciona igual en todos los países del mundo. En Estados Unidos no existe la sanidad pública y las personas dependen de un seguro privado. Esto quiere decir que deben pagar mensualmente una póliza para poder acceder a la mayoría de los servicios médicos.
En la práctica, el sistema sanitario de EE.UU. funciona como una empresa. Cuando una persona recibe atención médica, el “proveedor” (hospital o médico) envía una factura al seguro donde detalla cuánto ha costado la intervención. La aseguradora revisa el documento y estudia si el servicio prestado está cubierto o no por la póliza contratada por el paciente.
Esto es así porque los seguros no tienen por qué cubrir el total de los servicios médicos que reciben sus clientes. El diario El País lo explica con un ejemplo concreto: por un parto por cesárea, un seguro en Estados Unidos cubrirá 26.000 dólares. El paciente tendrá que poner otros 3.000 dólares más de su bolsillo para poder acceder a este servicio.
¿Cuál es el debate en redes sociales?
Una de las tácticas que utilizan las aseguradoras médicas en Estados Unidos se conoce como “autorización previa”. Esto implica que, si un paciente necesita que su seguro le pague un medicamento concreto, la aseguradora debe aprobarlo de antemano. En caso de que no haya autorización, la persona tiene que pagar el coste total del tratamiento.
Este sistema hace que miles de personas que no tienen recursos económicos suficientes se queden sin acceso a tratamientos, medicamentos e intervenciones. En muchos casos, estos servicios médicos son necesarios para su supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en personas con enfermedades terminales.
Tras el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, varios pacientes han contado su experiencia en este sentido. La BBC recoge el testimonio de una mujer con cáncer metastásico de pulmón fase 4 que se ha visto obligada a dejar de pagar su póliza con UnitedHealthcare porque la aseguradora le denegaba continuamente la autorización para recibir su medicación.
Cientos de usuarios han aprovechado la situación y han utilizado las redes sociales para criticar las condiciones de cobertura y otras prácticas abusivas que llevan a cabo las aseguradoras médicas en Estados Unidos. Ahora estas empresas están tomando medidas de protección para sus empleados para evitar que ocurra otro crimen parecido.
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