Las autoridades investigan el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas
Las autoridades de México están investigando un incendio que tuvo lugar en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, al norte del país. Un total de 39 personas murieron en el fuego y los responsables del centro podrían ser acusados de homicidio.
El fuego empezó la noche del 27 de marzo, cuando hubo una protesta de los migrantes que estaban retenidos porque creían que iban a ser deportados a sus países de origen. Según los responsables del centro de detención, varias personas prendieron fuego a los colchones para encender la protesta y el incendio se descontroló.
No obstante, las cámaras de seguridad muestran cómo los guardias no abrieron las puertas para dejar salir a los internos, a pesar de que el fuego y el humo se estaban extendiendo por las instalaciones.
La fiscalía de México ha emitido seis órdenes de detención contra tres agentes de inmigración, dos guardias de seguridad y una persona migrante sospechosa de haber iniciado el fuego. Todos podrían ser juzgados por homicidio doloso, que significa que los acusados actuaron de forma consciente y sabían que sus actos podían provocar la muerte de los migrantes (a diferencia de un homicidio culposo o involuntario).
Las 39 víctimas mortales eran hombres de entre 18 y 51 años procedentes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia. También hay 28 personas heridas, que recibirán visados temporales por razones humanitarias.
Ciudad Juárez es una ciudad mexicana en la frontera con Estados Unidos. Muchas personas de Centroamérica y América del Sur viajan hasta allí con la esperanza de cruzar la frontera e iniciar una nueva vida en Norteamérica. No obstante, la gran mayoría son detenidos y enviados a centros de detención: en 2022, cerca de 320.000 personas fueron recluidas en estos centros, según denuncia Amnistía Internacional.
El peligroso camino hacia la frontera
Desde hace años, miles de personas huyen de la pobreza, la crisis política y económica y la violencia callejera en varios países de América Latina. Durante semanas e incluso meses, recorren miles de kilómetros para llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos, que es su destino final.
No obstante, al final del camino, estas personas se encuentran con una realidad muy distinta: un muro separa los dos países e impide su paso. En 2022, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 2,4 millones de personas en la frontera, la cifra más alta desde que existen registros.
Además, 853 migrantes murieron intentando cruzar la frontera en el último año, según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Es un número muy superior al de 2021, cuando murieron 546 migrantes, pero las organizaciones humanitarias señalan que las cifras reales seguramente son mucho más altas.
Muchos migrantes mueren ahogados intentando cruzar el Río Bravo o Rio Grande (según su denominación mexicana o estadounidense, respectivamente), que separa el sur de Texas del territorio mexicano hasta desembocar en el océano Atlántico. Otros se arriesgan a sufrir las temperaturas extremas del desierto en el sur de Estados Unidos. En junio de 2022, se encontraron los cuerpos de 53 personas que fueron abandonadas dentro de un camión, en condiciones sofocantes.
Aun así, la situación de inseguridad, los gobiernos autoritarios y las dificultades económicas para cubrir las necesidades básicas hacen que millones de personas vean la emigración como única salida para tener un futuro mejor, a pesar de los peligros que implica.
El polémico ‘Título 42’
El Título 42 es un apartado de una ley de salud pública que se creó en 1944 y que permite al gobierno de Estados Unidos prohibir la entrada a personas extranjeras si se cree que pueden introducir enfermedades en el país.
En 2020, durante la pandemia de covid, el entonces presidente Donald Trump activó esta norma pensando que así evitaría la entrada de personas contagiadas y que frenaría el aumento de casos. Recibió muchas críticas por ello, ya que se trataba de una medida discriminatoria: era una forma de asociar el virus con las personas extranjeras.
Con el tiempo, ha acabado convirtiéndose en un recurso legal para expulsar a personas migrantes sin tener que pasar por un proceso de devolución ordinario. Los migrantes detenidos bajo el Título 42 pueden ser expulsados inmediatamente del territorio estadounidense, lo que se conoce como “devoluciones en caliente”, y no tienen la oportunidad de solicitar asilo, lo que viola las leyes humanitarias internacionales.
El actual presidente, el demócrata Joe Biden, intentó derogar esta ley el año pasado, pero 19 estados republicanos presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo para evitarlo. Finalmente, el tribunal (que cuenta con una mayoría de jueces conservadores) ha decidido que la ley debe mantenerse en vigor hasta mayo de 2023, como mínimo.
La migración irregular es uno de los principales desafíos en Estados Unidos, que cada mes detiene a más de 200.000 personas en la frontera, según datos oficiales. Para frenar la llegada de migrantes, Biden ha presentado un nuevo plan con restricciones para los solicitantes de asilo: las personas que quieran entrar en el país deberán registrarse previamente y solicitar una entrevista con un agente de inmigración. De lo contrario, no podrán acceder al país y serán deportados de forma inmediata si intentan entrar.
Las organizaciones han denunciado la nueva medida (que todavía debe aprobarse en el Congreso) y exigen más recursos para atender a las miles de personas que intentan cruzar la frontera cada día. En la actualidad, muchos se quedan esperando en los alrededores de la frontera y dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.