Miles de narcotraficantes en las cárceles del Salvador

El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha una macrocárcel para combatir el crimen organizado, en medio de denuncias de organizaciones humanitarias

El gobierno del Salvador ha publicado las primeras imágenes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una macrocárcel donde está previsto confinar a miles de narcotraficantes. Las instalaciones forman parte de una estrategia para combatir el crimen organizado en el país.

Este fin de semana se han trasladado allí a los primeros 2.000 presos y el propio presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha publicado un vídeo de la operación en redes sociales. Las imágenes han llamado la atención porque los presos aparecen descalzos, semidesnudos (solo llevan unos calzones blancos) y van con la cabeza rapada.

También se ve a los reclusos corriendo con las manos esposadas a la espalda y la cabeza medio agachada, siguiendo las indicaciones de los guardias. Antes de ser trasladados a sus celdas, fueron obligados a sentarse en el suelo de la cárcel, formando filas de cientos de presos agachados unos contra otros.

El CECOT tendrá capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos, condenados por delitos de narcotráfico o pertenencia a bandas criminales, conocidas como maras. El centro cuenta actualmente con 600 agentes militares y 250 policías para controlar a los prisioneros. Será el centro penitenciario más grande de toda América Latina.

Bukele ha presumido de la operación policial ante los medios y ha asegurado que estos criminales ya no podrán volver a delinquir ni “hacer daño a la población”. Desde que ganó las elecciones en 2019, el presidente salvadoreño ha impulsado una guerra contra las pandillas con métodos violentos y muy agresivos que han llevado a la detención de miles de personas.

No obstante, la oposición política y varias asociaciones humanitarias consideran que estos métodos violan los derechos de los acusados, como la presunción de inocencia o el derecho a tener una defensa. Por otro lado, los reclusos del CECOT estarán obligados a trabajar en las fábricas de la prisión, lo que supone un caso de trabajos forzados (una forma de esclavitud moderna según la Organización Internacional del Trabajo).

La polémica #GuerraContraPandillas

En marzo de 2022, el presidente Bukele anunció el inicio de la “guerra contra las pandillas”, una operación de Estado para terminar con el crimen organizado en El Salvador. En un año se han detenido y encarcelado a 60.000 personas que, supuestamente, pertenecen a una banda criminal. 

Para actuar contra los criminales, el gobierno salvadoreño declaró el “estado de excepción”: una medida legal que otorga al gobierno poderes extraordinarios y permite limitar los derechos constitucionales. En la práctica, esto significa que las autoridades pueden violar los derechos de la ciudadanía: por ejemplo, la policía puede detener a un sospechoso sin necesidad de presentar pruebas o tener una orden judicial, y llevarle directamente a prisión.

El estado de excepción se supone que es una medida temporal, pero el gobierno de Bukele ya lo ha prorrogado siete veces con el argumento de garantizar la seguridad de la población. Antes de poner en marcha la guerra contra las pandillas, había unos 16.000 pandilleros encarcelados; ahora la cifra se ha multiplicado casi por cuatro.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han denunciado los métodos de Bukele y el abuso de poder por parte de las autoridades. La policía y el ejército actúan con total impunidad sobre todo en los barrios y municipios más pobres, que es donde se instalan las maras. 

Bukele se defiende diciendo que la tasa de homicidios se ha reducido más de la mitad y que El Salvador, que hasta ahora era uno de los países más peligrosos del mundo, ahora es uno de los más seguros. Sin embargo, las ONG han registrado miles de denuncias por arrestos arbitrarios, casos de tortura o desplazamiento forzado.

Violencia armada en Centroamérica

Las maras o pandillas se asocian a diferentes actividades criminales: venta de productos en el mercado negro, mercancías robadas, blanqueo de dinero, secuestro… pero sobre todo al tráfico de drogas.

Estas bandas son muy peligrosas en Centroamérica, en países como Honduras o El Salvador, precisamente porque estos se encuentran a medio camino del corredor de las drogas: están entre los principales productores de drogas en Sudamérica (Colombia, Bolivia y Perú) y el principal consumidor del continente (Estados Unidos). 

Las maras se enfrentan entre ellas para controlar el mercado de las drogas, que mueve miles de millones de dólares en la región. Actúan con una violencia extrema para eliminar a la competencia y a menudo cuentan con la complicidad de autoridades y políticos corruptos, por eso es tan difícil combatirlas.

Por otro lado, las pandillas expanden su influencia en las zonas más empobrecidas, donde los jóvenes tienen menos opciones y expectativas de futuro. Las ONG y asociaciones que intentan ofrecerles una alternativa reciben amenazas y a menudo acaban abandonando su actividad, lo que deja a los jóvenes sin alternativas.

Las medidas populistas de Bukele han recibido el apoyo de una parte de la población salvadoreña y de otros gobiernos de la zona, que ven con buenos ojos el hecho de utilizar métodos radicales para acabar con la violencia. Sin embargo, estos métodos van en contra de los derechos y libertades de la población (sobre todo de la población más pobre, que no tiene recursos para defenderse ante la policía o los tribunales) y pueden convertirse en un precedente muy peligroso de gobierno autoritario.

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