Muere Antonio Tejero coincidiendo con la desclasificación de los documentos secretos del 23F

Antonio Tejero, el oficial de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto a los 93 años. Su fallecimiento se ha conocido el mismo día que el gobierno ha desclasificaco documentos secretos relacionados con ese intento de levantamiento militar.

El 23 de febrero de 1981, Tejero entró armado en el Congreso de los Diputados, la cámara donde se reúnen los representantes escogidos en las elecciones. Lo hizo con más de 200 agentes de la Guardia Civil. Interrumpieron una sesión parlamentaria en la que se estaba votando la investidura, es decir, la elección del presidente del gobierno. Los diputados quedaron retenidos durante 17 horas.

Aquel intento de golpe de Estado quería poner fin al sistema democrático que España había iniciado después de la dictadura de Francisco Franco. Un golpe de Estado es una acción ilegal por tomar el poder por la fuerza, normalmente con apoyo militar. La iniciativa fracasó después de que el rey Juan Carlos I apareciera por televisión defendiendo el orden constitucional.

Tejero fue juzgado y condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar. Cumplió aproximadamente la mitad de la pena y salió en libertad condicional en 1996. Nunca se arrepintió públicamente de los hechos. Durante años mantuvo posiciones críticas con la Constitución y con el Estado de las autonomías.

Documentos del 23F desclasificados: más detalles del golpe de estado y con dudas abiertas

Los documentos desclasificados que el gobierno español ha hecho públicos después de años de estar archivados incluyen informes internos, transcripciones de conversaciones y reconstrucciones elaboradas por los servicios de inteligencia de la época. Desclasificar significa retirar el carácter secreto de unos archivos oficiales para que puedan ser consultados por investigadores y por la ciudadanía. Han pasado 45 años de los hechos.

Los papeles aportan más detalles sobre los movimientos de los militares implicados y sobre las conversaciones que se produjeron esa noche. Por ejemplo, recogen intentos de contacto entre diferentes mandos y describen la presión que se vivía en varios puntos del Estado, como en Valencia, donde había tanques en la calle bajo las órdenes del general Milans del Bosch.

Una de las cintas es la transcripción de las conversaciones telefónicas que Carmen Díez Pereira, esposa de Antonio Tejero, mantuvo mientras su marido ocupaba el Congreso de los Diputados. Muestra cómo intentó contactar repetidamente con él, preocupada por su vida y convencida de que el ejército le había abandonado. En varias llamadas lo tilda de “tonto” i “desgraciado” y asegura que lo han “dejado tirao como una colilla”. En una conversación con su hijo, que estaba en la academia militar, afirma que «el ejército se ha rajao«. Las grabaciones reflejan tensión, miedo y división interna en las horas decisivas por ello.

También aparecen referencias a la participación de miembros de los servicios secretos, conocidos entonces como Cesid. Algunos historiadores consideran que esa información confirma sospechas de que ya existían, pero que no resuelve todas las incógnitas. Muchos documentos son resúmenes y no transcripciones literales.

Los expertos coinciden en que faltan piezas clave. No se han hecho públicas, por ejemplo, todas las conversaciones telefónicas mantenidas desde el palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de la familia real española. Esto mantiene abierta la pregunta sobre hasta qué punto el rey conocía los planes previos o actuó sólo cuando el golpe ya estaba en marcha.

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El 23-F es uno de los episodios más importantes de la historia reciente de España. Puso en riesgo el sistema democrático que se había empezado a construir después de casi 40 años de dictadura. Lo ocurrido en 1981 muestra que este sistema puede ser frágil si hay sectores que intentan imponerse por la fuerza. Por eso, conocer los hechos es una manera de proteger a los derechos actuales.

La desclasificación de los documentos también tiene que ver con la transparencia. En una sociedad democrática, las instituciones deben rendir cuentas y facilitar información sobre decisiones del pasado, sobre todo si tuvieron un gran impacto. Saber qué se hace público y qué sigue oculto forma parte del debate ciudadano.

Por último, esta noticia recuerda la importancia del pensamiento crítico. Analizar distintas fuentes, contrastar datos y entender el contexto histórico permite formar una opinión propia. Los documentos aportan información, pero es necesario interpretarla con rigor y sin dar nada por sabido.