12 agosto 2022
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Condenan a una mujer a morir lapidada en Sudán

Un tribunal la ha juzgado por el delito de adulterio, castigado con la pena de muerte en este país

Un tribunal de Sudán ha condenado a Maryam Alsyed Tiyrab, de 20 años, a morir lapidada por un delito de adulterio. La acusada ha presentado una apelación contra la condena y ahora el Tribunal Supremo de este país debe decidir si confirma o anula la sentencia.

Se trata de la primera condena por lapidación en una década en Sudán, lo que refleja un retroceso de los derechos humanos desde que el nuevo gobierno militar se estableció con un golpe de estado en octubre de 2021. Además, la mayoría de sentencias por adulterio se emiten contra mujeres, una muestra del trato discriminatorio hacia las mujeres por parte de las leyes del país.

La lapidación es un método de ejecución muy antiguo, en el que el condenado es ejecutado a pedradas. Se trata de una práctica muy cruel y violenta, ya que la persona puede aguantar mucho tiempo hasta que pierde el conocimiento y muere por las heridas. De acuerdo con las tradiciones más antiguas, a las mujeres se las entierra de pie hasta el pecho, de forma que no pueden defenderse ni cubrirse con las manos.

Tiyrab estaba divorciada desde hacía poco y había vuelto a casa de sus padres. La policía fue a su casa para interrogar a su hermano, acusado de matar a un hombre porque sospechaba que tenía una relación con Tiyrab. Finalmente, acabaron interrogándola a ella y arrestándola.

El Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) denuncia que las autoridades han violado los derechos de Tiyrab durante todo el proceso: se la juzgó sin una denuncia formal, se le negó la posibilidad de tener un abogado y tampoco le dijeron de qué se le acusaba y a qué condena se enfrentaba.

La última vez que una mujer fue condenada a morir lapidada por adulterio en Sudán fue en 2013, pero el Tribunal Supremo acabó anulando la sentencia. Aun así, las organizaciones de derechos humanos temen que este castigo se aplique en las zonas rurales sin que las autoridades lo sepan.

Una violación de los derechos humanos

La pena de muerte por lapidación representa una violación grave del derecho internacional, que incluye el derecho a la vida y la prohibición de torturar y de infligir cualquier castigo cruel e inhumano, tal y como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Sudán es un país firmante de este Pacto y, por lo tanto, debe respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos. Además, en agosto de 2021, el gobierno sudanés ratificó la Convención contra la Tortura; por lo tanto, la sentencia por lapidación también supondría la violación de esta convención.

A pesar de ello, la pena de muerte está incluida en la Constitución del Sudán y puede aplicarse en crímenes hudud: un tipo de delitos descritos desde hace siglos por la ley islámica y que suponen una ofensa contra dios, como beber alcohol, robar o el adulterio. Estos delitos pueden castigarse con la amputación de una mano o pie, la flagelación o la muerte por lapidación. 

La ejecución por lapidación se ejecuta en países como Afganistán, Irán, Nigeria o Somalia, donde rige una visión muy estricta de la sharía o ley islámica. En 2019, el sultán de Brunei impuso un nuevo código penal que castiga el adulterio y la homosexualidad con la pena de muerte.

En la mayoría de países musulmanes, las leyes han evolucionado y este tipo de castigos han sido prohibidos porque van en contra de los derechos humanos. No obstante, la discriminación contra las mujeres sigue muy presente, tanto en las leyes como en la vida social.

Gobierno militar en Sudán

Sudán vive desde hace años una grave crisis política que ha generado mucha violencia y pobreza. En 2019, tras 30 años de dictadura, los militares dieron un golpe de estado contra el dictador Omar al Bashir y establecieron un nuevo gobierno que agrupaba diferentes fuerzas políticas.

Durante dos años, el gobierno de transición intentó poner en marcha varias reformas políticas y económicas para mejorar la situación del país. Pero estas reformas no funcionaron y los políticos se acusaban mutuamente de querer usurpar el poder. La situación era tan inestable, que los militares dieron un nuevo golpe de estado.

Desde entonces, la situación no ha mejorado. La población ha seguido manifestándose para protestar contra los militares y reclamar un nuevo gobierno democrático. Estas protestas han sido reprimidas con violencia por parte de las autoridades, que incluso han disparado contra los manifestantes.

A principios de julio, el consejo militar anunció su intención de ceder el poder en cuanto se haya formado un gobierno de coalición que agrupe todas las fuerzas políticas. Aunque parezca una buena noticia, las asociaciones civiles piden cautela para ver cómo evoluciona este proceso político y evitar más violencia por parte de los militares.

Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Tras el golpe de Estado de octubre, la comunidad internacional sancionó al nuevo gobierno militar y dejó de enviar ayuda humanitaria, aunque esta decisión ha dejado a millones de personas sin acceso a alimentación o productos de primera necesidad. La situación podría verse agravada todavía más por la guerra en Ucrania y las repercusiones en el comercio mundial de cereales.

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