El gobierno británico debate una nueva ley para expulsar a los solicitantes de asilo que lleguen al país de forma irregular
El gobierno conservador del Reino Unido se ha situado en el centro de la polémica las últimas semanas por una nueva ley migratoria que pretende restringir la llegada de migrantes al país y que ha sido muy criticada por no respetar los derechos humanos.
La nueva medida se conoce popularmente como Stop the boats [Detened a los barcos] porque tiene como objetivo frenar la llegada de embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha, que separa el continente europeo de la isla de Gran Bretaña. Si la ley se aprueba, las personas que lleguen al Reino Unido de forma irregular (como las pateras que cruzan el canal) serán detenidas y retenidas en centros de acogida antes de deportarlas a su país o a otros países considerados “seguros”.
De esta forma, el Reino Unido estaría negando el derecho de asilo a las personas que lo solicitaran, un derecho reconocido por las leyes humanitarias internacionales. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha denunciado que esta ley va en contra de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
En 2022, más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones hasta las costas británicas, según datos oficiales. En lo que va de año, más de 3.000 migrantes han cruzado ya el canal, por lo que el gobierno calcula que hasta 80.000 personas podrían intentar entrar al Reino Unido por esta vía en 2023.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, y la ministra del Interior y responsable de las políticas migratorias, Suella Braverman, han defendido la nueva ley sobre todo por motivos económicos: atender y alojar a miles de migrantes en hoteles y centros de internamiento tiene un coste de miles de millones de libras al año.
Por su parte, los políticos de la oposición acusan al gobierno de promover el rechazo a la inmigración y de impulsar esta ley para ganar apoyo político de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. En plena crisis económica por la inflación y el Brexit, una parte de la sociedad británica también apoya el discurso antiinmigración: consideran que los migrantes suponen una carga para la economía y representan una competencia a la hora de buscar trabajo.
Polémica en la BBC por silenciar las críticas
La nueva propuesta migratoria ha encendido el debate a nivel social, pero también en los medios de comunicación. Y, sin quererlo, se ha convertido también en un debate sobre la libertad de expresión.
El exfutbolista británico Gary Lineker, que desde hace de 30 años trabaja como periodista deportivo, fue suspendido del programa donde colabora por criticar a Suella Braverman en Twitter y comparar su discurso anti-inmigración con el que utilizaban las autoridades de la Alemania nazi en la década de 1930.
En el mismo tuit, Lineker señala que el flujo de migrantes en el Reino Unido es menor que en otros países de Europa y que es injusto culpar a los migrantes de su situación y de intentar llegar a otro país para tener una vida mejor.
La ministra del Interior y otros miembros del gobierno se quejaron de los comentarios de Lineker y la dirección de la BBC, la televisión pública del Reino Unido, le exigió una disculpa. Cuando el periodista se negó, decidieron suspenderle por “violar las normas de imparcialidad” de la cadena, que impiden a los periodistas dar su opinión personal sobre temas políticos.
Esta decisión provocó un gran revuelo en redes sociales, que cuestionaban los límites de la libertad de prensa y criticaban la presión del gobierno sobre un medio público. Lineker también recibió el apoyo de otros futbolistas, periodistas y comentaristas de la BBC, que se negaron a participar en la programación de la cadena. Como consecuencia, varios programas previstos para el fin de semana tuvieron que ser cancelados o modificados.
Finalmente, la BBC ha dado marcha atrás: ha readmitido al periodista y ha anunciado una revisión de las normas de participación en redes sociales. Lineker ha agradecido el apoyo y ha escrito en Twitter: “Por muy difíciles que hayan sido estos días, no pueden compararse con tener que huir de tu hogar por la guerra o la persecución y tener que buscar refugio en otro país”.
Arriesgar la vida en el mar
El canal de la Mancha es la parte del océano Atlántico que separa la costa noroeste de Francia de la costa sur del Reino Unido. La distancia más corta entre ambos países se encuentra a la altura del Paso de Calais, a solo 33 kilómetros de la ciudad inglesa de Dover. Esta es la vía marítima que miles de migrantes intentan cruzar cada año para llegar al Reino Unido y solicitar asilo.
También es una de las rutas más explotadas por las redes de tráfico de personas, que se aprovechan de la situación desesperada de los migrantes para hacer negocio: les cobran grandes cantidades de dinero para embarcarlos en botes inseguros e inestables que crucen el canal.
Muchas de estas embarcaciones no resisten el oleaje y acaban hundiéndose. En noviembre de 2021, 31 personas murieron ahogadas cuando su patera se hundió. Este suceso fue uno de los más graves de la crisis migratoria y apareció en todos los medios, pero lo cierto es que se desconoce el número exacto de personas que han muerto intentando cruzar el canal.
El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) lleva un recuento de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Desde 2014 se han registrado más de 194.000 travesías y más de 26.000 desaparecidos, aunque la propia organización reconoce que la cifra puede ser mayor.
Las organizaciones humanitarias señalan a los gobiernos europeos como responsables. Exigen que se destinen más recursos a la búsqueda y rescate de personas que se encuentran en peligro en alta mar (una responsabilidad establecida en las leyes marítimas internacionales y que ahora depende sobre todo de las ONG), además de reforzar los sistemas de acogida.