El sistema jurídico del país sostiene que los artículos del Código Penal que penalizan el aborto son “inconstitucionales” por violar los derechos humanos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano más importante del Poder Judicial de México, ha despenalizado el aborto a nivel federal en todo el país. La decisión, que se ha tomado de manera unánime por el tribunal, es una medida histórica para el país latinoamericano.
En la sentencia emitida, la Suprema Corte concluye que es “inconstitucional” que el sistema jurídico actual castigue el aborto a través Código Penal al violar los derechos humanos. A partir de ahora, ninguna persona con capacidad de gestar podrá ser juzgada ni condenada por interrumpir su embarazo en México.
Hasta el momento, 10 de los 32 estados del país permitían a las mujeres el aborto voluntario durante las 12 semanas de gestación. Sin embargo, en el resto de territorios las mujeres no podían acceder a la interrupción con las mismas libertades por la prevalencia de unas leyes más restrictivas.
Uno de los obstáculos que solían encontrar las que querían abortar era que el personal médico se negara a realizar esta práctica, argumentando que el Código Penal del país lo contemplaba como un delito. Pero esto cambiará a partir de ahora, pues la nueva sentencia de la Suprema Corte obliga al Congreso federal a modificar el Código Penal.
De esta manera, las instituciones de salud pública mexicanas estarán obligadas a ofrecer este servicio de manera gratuita y en ningún caso el personal médico encargado podrá ser criminalizado por realizar un aborto.
Desde hace años, numerosas asociaciones feministas y de derechos humanos reclamaban poner fin a la criminalización del aborto en México. Estas entidades cuentan con un gran apoyo social, pero también con la oposición de organizaciones antiabortistas y políticos conservadores que son contrarios al aborto libre.
El aborto en América Latina
El movimiento por el derecho al aborto ha ganado fuerza en todo el mundo en los últimos años. En América Latina, miles de mujeres también se han movilizado a través de lo que se conoce como “marea verde”. Este movimiento feminista ha logrado cambiar la legislación en varios países.
Argentina fue uno de los primeros países que comenzó la lucha activa por la despenalización y legalización al aborto. En 2021, el país aprobó su ley para despenalizar el aborto y ahora permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación para las mayores de 16 años.
Colombia se sumó a esta despenalización en 2022 después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia en la que especifica que el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación. Otros territorios que permiten la interrupción hasta la semana 12 de gestación son Cuba y Uruguay.
Sin embargo, hay otros países de la región que siguen limitando el aborto libre. Por ejemplo, en Chile el aborto legal solo es posible en tres supuestos: que haya peligro para la vida de la persona gestante, que haya peligro para la vida del feto, y que el embarazo haya sido consecuencia de una violación.
En otros lugares de América latina, las limitaciones son todavía mayores. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia.
Provida vs. derechos de la mujer
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un procedimiento médico que se lleva a cabo para detener el embarazo. Se realiza cuando la mujer decide que no quiere o no está preparada para tener un hijo, o bien si el equipo médico considera que es necesario para proteger su salud.
Esta interrupción, que suele conocerse como aborto, puede ocurrir de diferentes maneras y en diferentes momentos del embarazo, y su aceptación y regulación varían según el país y la región. De manera generalizada, existen dos posturas enfrentadas cuando hablamos de aborto voluntario.
Por un lado, encontramos al movimiento provida, que defiende que la vida de las personas comienza en la concepción y, por lo tanto, considera que el feto tiene derechos intrínsecos y un derecho absoluto a vivir. Estos defensores suelen basar sus argumentos en creencias religiosas y priorizan el derecho a nacer antes que la voluntad de la mujer.
Por otro lado, encontramos a los partidarios del aborto libre. Este enfoque defiende el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y su salud reproductiva. Por ello, argumentan que las mujeres deben tener acceso seguro y legal al aborto, y que las restricciones a esta práctica pueden poner en peligro su salud.
El aborto libre es una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista. Este defiende que, durante las primeras semanas del embarazo, el embrión o feto no está lo suficientemente desarrollado para considerarlo una persona.
Ambos movimientos también aluden a cuestiones de salud y seguridad. El movimiento provida plantea que, para prevenir el aborto, lo mejor es prohibirlo. Por su parte, las asociaciones abortistas llevan años denunciando que no tener acceso a un aborto legal y seguro no frenará la intención de las mujeres. Estas siempre podrán recurrir a los abortos clandestinos, que se realizan sin garantías y pueden poner en peligro su salud.