Mujeres activistas perseguidas en países musulmanes

Dos mujeres han sido condenadas a muerte en Irán por defender los derechos del colectivo LGTBIQ+

El gobierno de Irán ha detenido y enviado a juicio a las activistas Zahra Sediqi Hamadani, de 31 años, y a Elham Chubdar, de 24 años, y las ha sentenciado a pena de muerte por formar parte del colectivo LGTBIQ+ y defender sus derechos en las redes sociales.

Irán es uno de los países musulmanes con una versión más estricta y conservadora de la sharía, el conjunto de leyes que rige el comportamiento y el estilo de vida de los musulmanes. La homosexualidad está prohibida, así como cualquier actividad relacionada, como hacer reivindicaciones o hablar sobre el colectivo LGTBIQ+ en público, lo que se considera “propaganda” y también está castigado.

En este caso, el tribunal ha condenado a Zahra y Elhan por “corrupción sobre la Tierra”, al considerar que promovían una práctica prohibida por las leyes islámicas. La fiscalía también las acusa de crear una “red de tráfico ilegal” para ayudar a otras personas del colectivo LGTBIQ+ a escapar de Irán y de colaborar con medios de comunicación enemigos, al publicar en páginas web prohibidas por el régimen iraní.

Según informa Hengaw, una organización que documenta la violación de derechos humanos en Irán, Zahra fue detenida en octubre de 2021 en la frontera entre Turquía e Irán cuando intentaba huir del país. La asociación denuncia que no tuvo derecho a un abogado, además de recibir amenazas e insultos por parte de los guardias.

La ONG Amnistía Internacional también se hizo eco de su detención y denunció que la actuación de la justicia iraní suponía una violación de los derechos humanos fundamentales, al discriminar una persona por su orientación sexual.

Poco antes de ser detenida, Zahra grabó un vídeo en el que explicaba la persecución y el miedo que sufría en Irán a causa de su identidad de género. En aquel momento estaba intentando llegar a la frontera con Turquía, pero sabía que los servicios de inteligencia iraníes la estaban persiguiendo.

Contra las mujeres activistas

El caso de Zahra y Elham se suma al de otras mujeres activistas que sufren la persecución de los gobiernos en algunos países musulmanes. Esta forma de represión tiene como objetivo atemorizar a la población y evitar que otras personas se unan a la lucha por los derechos humanos.

La activista iraní Narges Mohammadi lleva más de diez años defendiendo los derechos humanos en su país, lo que le ha comportado varias condenas de prisión y castigos físicos. En abril fue condenada a 10 años de prisión y 154 latigazos, un método considerado tortura por los tratados internacionales.

Varias activistas también han sido condenadas y encarceladas en Arabia Saudí, donde el gobierno limita los derechos de las mujeres. La semana pasada saltaba a los medios la historia de Salma al Shebab, que ha sido condenada a 34 años de cárcel por escribir tuits y retuitear a otras activistas defensoras de los derechos de las mujeres.

Salma estaba viviendo y estudiando un doctorado en el Reino Unido, pero regresó unos días a Arabia Saudita para visitar a su familia. Las autoridades saudíes aprovecharon entonces para arrestarla. La sentencia también le prohíbe salir del país otros 34 años, igual que la condena contra la activista saudita Loujain al Hathloul.

En Marruecos, la activista Sultana Khaya ha sido detenida en múltiples ocasiones, víctima de torturas y agresiones sexuales por parte de miembros de la policía marroquí. Desde hace casi dos años vive bajo arresto domiciliario ilegal (sin ninguna orden judicial que lo justifique) por defender los derechos del pueblo saharaui y reivindicar la soberanía del Sáhara Occidental.

La República Islámica de Irán

Irán es un país musulmán situado en Oriente Medio, donde la mayoría de la población pertenece a la religión chiíta, una de las principales ramas del islam. Después de siglos de monarquía, en 1979 tuvo lugar la Revolución Iraní, que derrocó al shah Mohamed Reza Pahlevi e instauró una república en el país.

Reza Pahlevi y sus antecesores habían gobernado durante décadas en una monarquía autocrática, interviniendo en el gobierno para favorecer los intereses de las élites. La gran desigualdad y pobreza fueron la principal causa de las revueltas.

Las autoridades religiosas controlaron el nuevo régimen iraní desde el principio e influyeron en la construcción del nuevo estado, sus leyes e instituciones. El ayatolá Jomeini, un líder religioso, consiguió el apoyo de la oposición y los movimientos de izquierdas, como el colectivo de estudiantes.

No obstante, el nuevo gobierno impuso un sistema autoritario que prohibía cualquier influencia de occidente y limitaba los derechos y libertades de la población siguiendo una interpretación muy estricta de la sharía. 

En la actualidad, las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y las minorías étnicas son las víctimas más vulnerables de la represión iraní. El año pasado, miles de personas fueron detenidas y sometidas a juicio por defender los derechos humanos, según un informe de Amnistía Internacional. 

El nuevo presidente Ebrahim Raisi, elegido en agosto de 2021, ha endurecido todavía más las leyes contra la libertad de expresión, la libertad de creencias y el acceso a internet. La tortura y los castigos físicos son habituales y la pena de muerte se utiliza como arma de represión contra manifestantes y opositores políticos.

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