La policía marroquí ha reprimido con violencia a cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera para llegar a Europa
Al menos 23 personas han muerto intentando cruzar la valla de Melilla, uno de los pasos fronterizos más concurridos al sur de Europa, en la frontera entre Marruecos y España. Cada año, miles de personas intentan saltar este muro de alambre y postes metálicos, con la esperanza de llegar a algún país europeo para mejorar sus vidas.
El viernes 24 de junio, cerca de 2.000 migrantes subsaharianos (de países del centro y el sur de África) intentaron cruzar la valla. Los agentes marroquíes que vigilaban el paso reaccionaron con violencia para detener la entrada masiva de migrantes. Algunos testigos aseguran que también hubo disparos.
Un total de 133 migrantes consiguieron cruzar la valla y ahora se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Migrantes (CETI) de Melilla. La mayoría proceden de Sudán, un país afectado por los conflictos armados y la pobreza.
Sin embargo, muchos otros murieron aplastados o asfixiados en la avalancha, mientras intentaban cruzar o huir de las agresiones policiales. Se desconoce el número exacto de personas muertas: la cifra oficial del gobierno marroquí es de 23 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos creen que fueron más de 30.
Estas asociaciones denuncian que Marruecos se ha apresurado a enterrar los cadáveres en fosas comunes para evitar una investigación sobre lo ocurrido. Por otro lado, la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos (AMDH) denuncia que las autoridades marroquíes trataron de forma inhumana a los migrantes detenidos.
Los intereses del gobierno español
Después de que los medios de comunicación informaran sobre la tragedia de Melilla, el presidente español, Pedro Sánchez, hizo unas declaraciones en las que mostraba su apoyo al gobierno de Marruecos y aprobaba la actuación de las fuerzas de seguridad. Sánchez culpó de la situación a las mafias que actúan en las rutas migratorias.
La postura de Sánchez le ha valido fuertes críticas de algunos miembros de su propio gobierno, de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. También la Unión Europea se ha pronunciado sobre los hechos: ha condenado las muertes y ha exigido una investigación sobre los hechos, aunque tampoco ha condenado la actuación del gobierno marroquí.
La migración irregular afecta sobre todo a los países del sur de Europa, debido a su proximidad geográfica con África. En España, la mayoría de entradas se producen desde Marruecos, ya sea a través de la valla de Melilla o por la llegada de pateras a las islas Canarias.
En marzo se produjo la mayor entrada de migrantes irregulares: más de 2.500 personas intentaron saltar la valla para llegar a territorio español, de las cuales 900 consiguieron entrar en la ciudad de Melilla.
Dos semanas después, el gobierno español anunció su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Esta decisión cambiaba la posición neutral que España había mantenido durante décadas y mejoraba de forma notable las relaciones políticas y comerciales con Marruecos, pero también tenía repercusiones en la relación con otros países como Argelia.
Violación de los derechos humanos
Melilla es una ciudad española situada en la costa norte de África, rodeada por territorio marroquí. Es también el punto de entrada de muchos migrantes africanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países e intentan llegar a Europa para buscar una vida mejor.
Muchos de estos migrantes acaban entrando en Europa de forma irregular, ya que pedir un visado de trabajo o solicitar asilo es un trámite que puede alargarse durante años. La mayoría han viajado durante semanas o meses por el continente africano hasta llegar a la costa del Mediterráneo, un periplo lleno de peligros y amenazas como los traficantes de personas.
De ahí la desesperación por cruzar una valla como la de Melilla, armada con concertinas y alambre de espinos, o por echarse al mar en una balsa o cayuco que puede naufragar en cualquier momento.
Por otro lado, el gobierno español ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las llamadas devoluciones en caliente: arrestar a los migrantes una vez han llegado a territorio español y devolverlos a Marruecos o a sus países contra su voluntad, sin respetar los derechos de acogida.