El desembarco del ‘Ocean Viking’, con más de 230 migrantes a bordo, provoca la primera disputa entre el nuevo gobierno de Italia y Francia
El barco de rescate Ocean Viking ha desembarcado en el puerto francés de Tolón, cerca de Marsella, después de tres semanas en el mar. La embarcación, operada por la ONG SOS Mediterranée, había intentado atracar días antes en un puerto de Italia, pero las autoridades italianas denegaron el permiso a la tripulación.
La negativa a acoger a migrantes y refugiados es una muestra de las políticas del nuevo gobierno de extrema derecha en Italia, liderado por la presidenta Giorgia Meloni. El nuevo ejecutivo considera que las organizaciones humanitarias contribuyen a promover la migración irregular y ha anunciado que prohibirá la entrada de migrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo, y que solo acogerá a los más vulnerables.
Por su parte, Francia ha criticado con dureza la nueva postura del gobierno italiano. Este conflicto político pone en peligro el acuerdo de acogida entre Francia e Italia, según el cual el gobierno francés se compromete a acoger 3.500 personas migrantes de todas las que llegan a territorio italiano cada año (cerca de 90.000 en 2022).
Este tipo de acuerdos entre países europeos sirven para aliviar la presión migratoria en Italia, un país que, debido a su localización geográfica en las costas del Mediterráneo, es uno de los estados del sur de Europa que recibe más entradas irregulares.
El Ocean Viking transportaba a 234 migrantes que habían sido rescatados en medio del Mediterráneo, entre los cuales había cerca de 60 niños. Estas personas serán repartidas entre diferentes países de la Unión Europea, que comparten las políticas migratorias.
SOS Mediterranée denuncia que el caso del Ocean Viking es un ejemplo más de cómo los gobiernos europeos utilizan a los migrantes como arma política. De acuerdo con las leyes marítimas, los países europeos están obligados a garantizar la seguridad en el mar y rescatar a las personas que estén en peligro. En cambio, se han desentendido totalmente de la crisis migratoria en el Mediterráneo.
La mayoría de las 88.000 personas que han llegado por mar a Italia en 2022 han sido rescatadas por la Guardia Costera Italiana y otros barcos de salvamento operados por el gobierno italiano, mientras que el 15% han sido rescatados por barcos de ONG, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
La ruta migratoria en el Mediterráneo
El mar Mediterráneo separa la costa norte de África de los países del sur de Europa y es una de las rutas migratorias más transitadas, aunque también es muy peligrosa: a menudo, las personas migrantes utilizan embarcaciones muy precarias o son víctimas de las redes de traficantes.
La mayoría de personas que cruzan el Mediterráneo huyen de países del África subsahariana afectados por los conflictos armados, la crisis alimentaria, el impacto del cambio climático y la falta de oportunidades. Estas situaciones les empujan a arriesgar su vida para encontrar una vida mejor en Europa.
No obstante, viajan en condiciones precarias e inseguras: navegan en botes inflables o embarcaciones poco sólidas para resistir el oleaje o las tormentas en alta mar. Al menos 1.337 personas han desaparecido en la ruta migratoria del Mediterráneo Central en lo que va de año, según la OIM.
Este organismo de Naciones Unidas recuerda que muchos de los migrantes que viajan hasta las costas italianas llegan de Libia, donde han sufrido graves abusos y violaciones de los derechos humanos. Tras la muerte del dictador Muamar el-Gadafi en 2011, el país se ha sumido en un caos político y social que se mantiene en la actualidad, y muchos migrantes acaban siendo víctimas de las mafias que trafican con personas.
La falta de compromiso de los países europeos
A pesar de la situación política en Libia, la Unión Europea mantiene varios acuerdos con este país para frenar el flujo migratorio. El objetivo es que las autoridades libias limiten el tránsito de migrantes desde las costas africanas, aunque los métodos para conseguirlo violen los derechos humanos.
Entre 2015 y 2016, Europa vivió una de las crisis migratorias más graves de su historia: más de un millón de personas que huían de conflictos en Oriente Medio intentaron llegar a los países europeos, pero se encontraron con las puertas cerradas. La Unión Europea no supo cómo enfrentar tal llegada masiva de migrantes y, en lugar de acogerles, buscó otros mecanismos para frenar la migración.
Un ejemplo de ello es el acuerdo migratorio con Turquía para trasladar los migrantes irregulares a este país. En 2017, Italia (con el apoyo de la Unión Europea) firmó con Libia el Memorando de Entendimiento sobre Migración, que se renovó en 2020 por tres años más.
El Memorando establece que Italia ofrecerá apoyo técnico y financiero a las autoridades libias para mejorar la vigilancia marítima. Sin embargo, estas ayudas acaban invirtiéndose en centros de detención en Libia, donde los migrantes se ven sometidos a situaciones de explotación, extorsión y abuso.
Muchos periodistas y organizaciones humanitarias han denunciado las pésimas condiciones de estos centros, donde las personas migrantes se ven retenidas de forma ilegal. En ese sentido, las ONG señalan la falta de compromiso de los países europeos con los derechos humanos y su obligación de proteger a los más vulnerables.