Aproximadamente 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinados a manos de hutus extremistas en un conflicto entre las dos etnias
Entre el 7 de abril y el 1 de julio de 1994, tuvo lugar uno de los genocidios más recordados de las últimas décadas. Fue en Ruanda, donde durante aquellos días la mayoría de los ciudadanos de la etnia hutu (que entonces representaban el 85% de la población) se rebelaron contra los tutsis (que eran una minoría del 14%).
Los hutus más extremistas lanzaron un plan para asesinar a toda la minoría tutsi del país y a cualquier otra persona que se opusiera a las políticas de su gobierno, incluidos hutus moderados. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas como consecuencia en ese periodo que duró casi 100 días. El 70% de las víctimas era población tutsi.
Se llevaron a cabo asesinatos, violaciones, torturas y la destrucción de propiedades. Miles de personas buscaron refugio en iglesias, escuelas y edificios gubernamentales, pero muchos de estos lugares dejaron de ser seguros y se convirtieron también en espacios de masacre.
Los hutus y los tutsis son los dos grupos étnicos principales en Ruanda. Aunque comparten la misma cultura, religión y lengua, han experimentado tensiones y conflictos a lo largo de la historia. La principal diferencia entre ambas etnias es su ocupación económica: mientras que los tutsis se han dedicado a la ganadería, los hutus se han ocupado de la agricultura.
La división de los ciudadanos de Ruanda por etnias comenzó en la época del colonialismo. Cuando los belgas se hicieron con el control de este país de África Oriental a finales del siglo XIX, clasificaron a la población según el grupo al que pertenecían, creando unos carnés de identificación racial que señalaban quién era hutu y quién tutsi.
El origen del conflicto
Durante el periodo colonial, el Gobierno belga consideró superiores a los tutsis y les favoreció con una mejor educación y la posibilidad de conseguir ciertos puestos de trabajo en el ámbito militar y administrativo. Esto hizo que los hutus, que habían quedado relegados a un segundo plano, empezaran a sentir cierto resentimiento por sus vecinos.
En 1959, tres años antes de que Ruanda lograra su independencia, los hutus derrocaron al entonces rey tutsi y asesinaron a miles de personas de este grupo, provocando que otros muchos se marcharan a otros países. Allí, exiliados tutsis formaron un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que buscaba derrocar al nuevo gobierno ruandés liderado por los hutus.
Tras décadas de tensiones, el detonante del genocidio se produjo el 6 de abril de 1994. El avión en el que viajaban el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, fue derribado, provocando la muerte de ambos.
Los extremistas hutus culparon del ataque al avión al FPR, liderado por los tutsis, e iniciaron una matanza contra ellos. Tomaron el control de carreteras y emprendieron una búsqueda casa por casa de todo aquel que fuera tutsi para asesinarlo.
Alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas cada día, mientras la comunidad internacional no intervenía. Este genocidio fue una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad. En julio de 1994, el FPR, respaldado por el ejército de Uganda, acabó tomando el control de Ruanda, dando por finalizada la masacre.
Ruanda en la actualidad
El Frente Patriótico Ruandés (FPR), liderado por el presidente Paul Kagame, gobierna el país desde 1994, cuando derrocó a las fuerzas responsables del genocidio.
En noviembre de ese mismo año, se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde más de 90 personas fueron acusadas tras largos procesos judiciales. Decenas de altos funcionarios ruandeses hutus fueron condenados por genocidio, pero muchos otros pudieron huir del país sin recibir un castigo.
Aunque el gobierno actual mantiene la estabilidad y el crecimiento económico, varias organizaciones de derechos humanos señalan que también reprime la disidencia política. La organización Freedom House advierte que en Ruanda hay vigilancia generalizada, intimidación, detención arbitraria, tortura y presuntos asesinatos de disidentes exiliados.
Asimismo, el presidente Kagame tiene intención de presentarse a un cuarto mandato en las elecciones del próximo 15 de julio. Amnistía Internacional señala que, tras sacar adelante una polémica reforma constitucional que le permitió obtener su actual tercer mandato, el jefe del Estado podría gobernar hasta 2034.
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